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30 enero, 2011

DE CÓMO LA CONSEJERIA LE PASA EL MARRON A LOS COLEGIOS PARA NO TENER QUE TRABAJAR MUCHO…

Según la Orden vigente son obligaciones de los Colegios:
1) Artículo 5. Información previa que se deberá publicar en los centros docentes. 1. Antes del plazo establecido para la presentación de las solicitudes, los centros docentes deberán publicar en el tablón de anuncios:
a) La dirección de Internet en la que la Consejería competente en materia de educación informa sobre el procedimiento
de admisión del alumnado.
b) El documento que facilite el sistema de información Séneca en el que se detalla la programación de la oferta educativa
a la que se refiere el artículo 46.2 del Decreto 40/2011,de 22 de febrero.
c) El área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales correspondientes y, en su caso, las áreas limítrofes.
Asimismo publicarán los mapas facilitados por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería.
d) La adscripción autorizada con otros centros docentes.
e) Los recursos autorizados para la atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad o trastornos graves de conducta.
f) Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados.
g) Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el procedimiento de admisión del alumnado. Dicha
normativa estará a disposición de la ciudadanía.
h) El calendario del procedimiento ordinario de admisión del alumnado al que se refiere el artículo 6.
2. La información a la que se refiere el apartado 1 estará expuesta, al menos, hasta la finalización del plazo de presentación
de recursos de alzada y reclamaciones al que se refiere el artículo 52 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero.
3. La persona que ejerza la secretaría del centro docente público o la persona que ejerza la dirección del centro docente
privado concertado hará constar en el sistema de información Séneca, que se ha efectuado la exposición en los tablones de
anuncios de la referida información.
Artículo 7. Comunicación al alumnado y a las familias de la adscripción autorizada.
La persona que ejerza la dirección del centro docente público o la persona física o jurídica titular del centro docente privado
concertado comunicará por escrito a los padres, madres o tutores del alumnado menor de edad o al alumnado mayor
de edad que finaliza estudios, el centro o los centros docentes al que están adscritos y en los que se garantiza la admisión,
utilizando para ello el modelo que corresponda de los que como Anexos I y II acompañan a la presente Orden.
6. Antes de la publicación del baremo la persona que ejerce la dirección del centro docente público o la persona física
o jurídica titular de centro docente privado concertado, requerirá a las personas solicitantes para que aporten en el
plazo de diez días la documentación necesaria para acreditar aquellas circunstancias alegadas que no hayan podido ser verificadas por la Consejería.
Artículo 11. Publicación del baremo.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Consejo Escolar del centro docente público o la persona física
o jurídica titular del centro docente privado concertado, publicará en el tablón de anuncios del centro lo siguiente:
a) La relación de alumnos o alumnas que lo han solicitado como prioritario. En aquellos cursos en los que no existan
plazas vacantes suficientes para admitir a todos los alumnos o alumnas solicitantes, se indicará para cada uno de ellos, exclusivamente, la puntuación total obtenida por la aplicación de los apartados del baremo.
En dicha relación se especificarán los hermanos o hermanas solicitantes de plaza para cursos sostenidos con fondos
públicos.
b) La relación de alumnos o alumnas que han solicitado el centro como subsidiario, especificando para cada uno de ellos
exclusivamente la puntuación total obtenida por la aplicación de los apartados del baremo.
2. Los centros docentes elegidos como subsidiarios obtendrán la puntuación total a la que se refiere el apartado anterior,
considerando como acreditadas las circunstancias que así lo hayan sido por el centro docente elegido como prioritario
modificando, si procede, la puntuación por el criterio de proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo, y otorgando, en
su caso, las puntuaciones que correspondan por el criterio de hermanos o hermanas matriculados en el centro y por el criterio
de que el representante legal trabaje en el mismo.
3. La información necesaria para la elaboración de las relaciones a las que se refiere el apartado 1, será suministrada
a los centros docentes a través del sistema de información Séneca.
Asimismo dicho sistema de información facilitará a cada centro la relación de centros solicitados como subsidiarios por
cada una de los alumnos o alumnas que lo han solicitado como prioritario incluyendo, en su caso, la puntuación otorgada.
Artículo 13. Resolución del procedimiento en los centros docentes elegidos prioritariamente.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 51.3 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, el Consejo Escolar del
centro docente público o la persona física o jurídica titular del centro docente privado concertado examinará las alegaciones
presentadas, establecerá el orden de admisión y adjudicará las plazas escolares comenzando por los cursos en los que
haya plazas vacantes suficientes para admitir todas las solicitudes y continuando por el curso de menor edad y siguientes.
En el caso de los centros docentes privados concertados se comenzará por el curso de menor edad objeto de concierto.
Artículo 16. Matriculación del alumnado.
1. Cada año, todo el alumnado de las enseñanzas a las que se refiere la presente Orden deberá formalizar la matrícula
utilizando el anexo que corresponda, de los Anexos IV, V,VI, VII y VIII que acompañan a esta Orden, en los plazos que
se establecen en este artículo. Dichos Anexos, que serán entregados gratuitamente por los centros, estarán disponibles en
la página web de la Consejería.
2. El plazo de matriculación para las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación
especial es el comprendido entre los días 1 y 8 de junio de cada año. Asimismo, deberá formalizar su matrícula en
este plazo el alumnado de educación secundaria obligatoria que curse esta enseñanza en centros docentes públicos que
también imparten la educación primaria…
5. Una vez finalizado cada uno de los períodos de matriculación del alumnado en las enseñanzas a las que se refiere esta
Orden, y en el plazo de dos días hábiles, la dirección del centro docente público o la persona física o jurídica titular de centro
docente privado concertado hará constar en el sistema de información Séneca que están registradas todas las matrículas y
elaborará los informes que sobre ellas le sean requeridas por la Administración educativa para el ejercicio de las funciones que
le son propias en el ámbito de sus competencias.
Artículo 17. Plazas vacantes tras la certificación de matrícula.
1. Finalizado el plazo de matriculación, las plazas vacantes que pudieran resultar serán publicadas, en el tablón de
anuncios del centro, por la dirección del centro docente público o la persona física o jurídica titular del centro docente
privado concertado. En la publicación, que servirá de notificación a las personas interesadas, se hará constar que en la adjudicación de las plazas vacantes tienen prioridad los alumnos o alumnas que resultaron no admitidos en el centro, siguiendo
el orden en el que éstos figuran en la resolución de admisión, y que disponen de un plazo de cuarenta y ocho horas para la
formalización de la matrícula. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas oportunas para
el traslado del expediente académico del alumnado.
2. En el caso de que esté pendiente de resolución algún recurso de alzada o reclamación a los que se refiere el artículo
52 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, lo establecido en el apartado anterior se llevará a cabo una vez se resuelvan los
mismos.
Es decir desde que comienza el proceso de escolarización hasta que finalmente los niños se matriculan la Administración delega en los centros la responsabilidad de la ejecución del proceso de escolarización, la revisión documental, la aplicación de criterios para la resolución de las alegaciones , la ordenación del baremo y la elaboración de las listas definitivas eso sí con un programa gestor de la propia Consejería SENECA el cual tiene la potestad de poder tratar toda la información sometida a verificación electrónica y la posibilidad de realizar todas estas tareas de manera normalizada.
En definitiva traslada todo el esfuerzo de trabajo administrativo a los centros , los atribuye de potestad representativa ( sin que exista disposición en la Orden vigente en la que les otorgue esta delegación de facultades) les obliga a notificar actos con fuerza administrativa cuando la Administración posee de los medios tecnicos y humanos para poder realizarlo.
Pero no hemos terminado según el vigente Decreto :
Artículo 8. Información al alumnado y a las familias.
1. Las personas que ejercen la dirección o la titularidad de los centros docentes sostenidos con fondos públicos informarán
a los padres, madres o tutores legales del alumnado que desee ser admitido en los mismos y, en su caso, a éste
si es mayor de edad de las etapas educativas sostenidas con fondos públicos que se imparten, del contenido del Plan de
Centro y, en su caso, de la adscripción autorizada con otros centros docentes.
Igualmente, informarán de los recursos específicos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales
debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial y de los
servicios complementarios que tengan autorizados.
2. Las personas físicas o jurídicas titulares de los centros docentes privados concertados que hayan definido su carácter
propio informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado y, en su caso, a éste si es mayor de edad del contenido
del mismo.
2. La persona que ejerce la dirección del centro docente público o la persona física o jurídica titular del centro docente
privado concertado incorporará al expediente del procedimiento de admisión la correspondiente certificación académica
emitida por el sistema de información Séneca regulado por el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula
el sistema de información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. En el caso de
que dicho sistema de información no disponga de la información necesaria, la persona que ejerce la dirección del centro
docente público o la persona física o jurídica titular del centro docente privado concertado requerirá a la persona interesada
la certificación correspondiente.
3. En caso de que no se pueda obtener la información referida en el apartado anterior, se deberá aportar, previo requerimiento
de la persona que ejerce la dirección del centro docente público o de la persona física o jurídica titular del centro
docente privado concertado, copia autenticada del libro de familia o certificado de estar inscrito en el Registro de Parejas
de Hecho.
2. Cuando la información obtenida no coincida con el domicilio que consta en la solicitud, la persona solicitante deberá
aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección del centro docente público o de la persona física o
jurídica titular del centro docente privado concertado, el certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento …
2. En caso de que no se pueda obtener la información referida en el apartado anterior, la persona solicitante deberá
aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección del centro docente público o de la persona física o
jurídica titular del centro docente privado concertado, los correspondientes certificados de los dictámenes sobre el grado
de discapacidad emitidos por el órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones Públicas.
2. En el caso de que no se pueda obtener la información referida en el apartado anterior, la persona solicitante deberá
aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección del centro docente público o de la persona física o jurídica
titular del centro docente privado concertado, una copia autenticada del título de familia numerosa, que deberá estar
en vigor.
4. En los centros privados concertados, la aportación de la copia autenticada podrá sustituirse por una fotocopia en la
que la persona física o jurídica titular del centro docente estampará la leyenda «Es copia fiel de su original», junto con su
firma, fecha y sello del centro.
2. En caso de que no se pueda obtener la información referida en el apartado anterior, la persona solicitante deberá
aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección del centro docente público o de la persona física o
jurídica titular del centro docente privado concertado, el correspondiente certificado emitido por la Delegación Provincial
de la Consejería competente en materia de protección de menores.
Artículo 48. Subsanación de las solicitudes y requerimiento de documentación.
1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase de los documentos preceptivos, el Consejo Escolar
del centro docente público o la persona física o jurídica titular del centro privado concertado requerirá, por escrito y
con acuse de recibo a la persona interesada, para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la referida Ley.
2. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos o la persona física o jurídica titular en el caso de los centros
docentes privados concertados, así como las comisiones de garantías de admisión, podrán recabar de las personas solicitantes la documentación que estimen oportuna en orden a la justificación de las situaciones y circunstancias alegadas.
1. Cuando el número de solicitudes presentadas para un curso supere al de plazas escolares vacantes, el Consejo
Escolar del centro docente público o la persona física o jurídica titular del centro docente privado concertado otorgará las
puntuaciones correspondientes a cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, y dará publicidad a la puntuación total obtenida por cada uno de ellos.
2. En el plazo que se establezca mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación, las personas solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen convenientes ante la persona que ejerce
la dirección en el caso de los centros docentes públicos o ante la persona física o jurídica titular en el caso de los centros
docentes privados concertados.
3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Consejo Escolar del centro docente público o la persona
física o jurídica titular del centro docente privado concertado examinará las alegaciones que se hubieran presentado,
establecerá el orden de admisión y adjudicará las plazas escolares conforme a lo establecido en el presente Decreto y
en la normativa que se dicte como desarrollo del mismo, dará publicidad a la resolución del procedimiento de admisión y la
comunicará a la correspondiente comisión territorial de garantías de admisión. La relación de admitidos y no admitidos deberá
especificar, en su caso, la puntuación total obtenida por la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 10 y los
motivos en caso de denegación.
El regulador transfiere de nuevo la responsabilidad del procedimiento a los centros
dejando además una puerta abierta. ¿Qué ocurrirá si no requieren en plazo y forma en aquellos casos en los cuales no exista información o documentación que justifique el otorgamiento de alguna puntuación del baremo a alguien que lo incluye en su solicitud?. Simplemente su baremación será evaluada por la Comisión de garantías si y solo sí el centro le otorga puntuación al alumno. Pero ¿y si no se la otorga?...
Todo por no asumir la responsabilidad directa de la ejecución del proceso de escolarización desde la propia Administración.